CASILDA: CONCEJALES PIDEN LA RENUNCIA DE FUNCIONARIOS PROVINCIALES

Mientras no cesa el dolor y desconsuelo que causó en la región el trágico choque sobre la Ruta Nacional 33, el Concejo Municipal de Casilda pidió al gobernador Miguel Lifschitz que remueva de sus cargos al secretario y subsecretario de Transporte, Pablo Ignacio Jukic y Gustavo Santos Peirano. El espíritu de lo resuelto a instancias de un proyecto de declaración sancionado por unanimidad en la sesión pública que marcó la reapertura de las actividades legislativas apunta contra la "falta de acción política"

para responder a viejos reclamos y planteos en procura de un mejor de servicio. El edil Andrés Golosetti, impulsor de la iniciativa que consensuó con sus pares para la aprobación, dijo a La Capital que "la tibieza sobre un episodio tan doloroso como el ocurrido irrita, asombra y entristece, y si el gobernador no les exige la renuncia a los (referidos) funcionarios de Transporte sucederá que los lobos vayan a cuidar el gallinero, porque los mismos que por acción u omisión fallaron en los controles serán los que seleccionen a las empresas que se harán cargo de la nueva concesión del servicio". En tanto el presidente del organismo deliberativo local, Mauricio Plancich, resaltó que el requerimiento de apartamiento de Jukic y Peirano es "porque son responsables de la falta de controles, espero que por ineptitud y no otras razones". Y en esa línea sostuvo que "se tienen que ir ya porque si no fueron eficientes hasta ahora, qué garantía tenemos que desempeñen una buena función dentro del proceso licitatorio".

El requerimiento del Concejo intenta estar en sintonía con el clima de malestar social y congoja que aún se respira en la comunidad por la tragedia vial que registra en la nomina de víctimas fatales a tres mujeres casildenses, lo que potenció la indignación traducida en movilizaciones para exigir Justicia y mayores controles del Estado.

El Concejo le solicitó también al gobernador que eleve a la Legislatura provincial un proyecto para la instrumentación de una nueva ley de transporte "acorde a los tiempos actuales", y que "posibilite la activa participación y control de la Municipalidad de Casilda y demás municipios en todo el proceso de licitación para elegir a las empresas que reemplazarán a Monticas".

El organismo legislativo local invitó a adherir a su planteo al resto de concejos y administraciones municipales y comunales de localidades de los corredores viales de las rutas 33 y 9.

"Si bien esta tragedia, como todo hecho súbito e inesperado, sorprende por lo re

pentino, no puede decirse que no haya habido indicios que lo preanunciaran", sostiene uno de los artículos de la declaración fundamentado a partir de las reiteradas e insatisfechas quejas de usuarios sobre el "deficitario" servicio de Monticas.

Tras acentuar su mirada en la "inacción política" y la "inescrupulosidad empresaria", el Concejo casildense planteó como interrogantes "por qué no llegó antes la quita de la concesión por parte de la provincia"; "por qué el gobierno nacional no tomó ninguna decisión en todos estos años" al igual que la Comisión Nacional de regulación del transporte, que ahora sí le quitó a la firma la concesión a nivel interprovincial.

"Es indudable que existen responsables y deberán afrontar las consecuencias por su falta de obrar y el desinterés en un problema anunciado por muchas voces", dijeron los concejales. Y fueron más lejos al puntualizar que "cuando los problemas no se afrontan a tiempo, se agravan" y "sus consecuencias son más dolorosos" y "se traducen en tragedia" para finalmente resaltar que "la política no debe actuar a partir de la tragedia sino que su deber es evitarla. Si ello no ocurre, sus responsables deberán rendir cuentas", remata el documento aprobado en Casilda.