COLOMBI EN LA MIRA DE LA JUSTICIA FEDERAL POR ENTORPECER OPERATIVO ANTI DROGAS EN GOYA

El juez federal de la localidad santafesina de Reconquista, Aldo Alurralde, ordenó investigar al gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, ante la presunta comisión de un delito de acción pública, al interferir en un procedimiento antinarcóticos realizado en Goya por policías de Santa Fe, informaron fuentes judiciales. Alurralde ordenó abrir una causa contra el mandatario correntino a la fiscal federal de Reconquista, Ana Bruno Campaña, aunque por la feria judicial el caso recayó en su par Bruno Ojeda,

ampliaron los informantes. “Es para investigar un posible delito de acción pública frente a un suceso de dominio público”, explicó el magistrado. En declaraciones al portal de noticias Reconquista Hoy, el magistrado federal sostuvo que al ordenar la apertura de la investigación cumplió con su deber y que la causa se desarrollará “guste o no, caiga quién caiga”. Poco después de haberse desatado el escándalo, Alurralde había defendido públicamente el procedimiento: “Nuestra intervención estuvo ajustada a derecho, dentro de nuestras facultades. No es el primer allanamiento que se hace. Meses atrás hicimos otro similar en Resistencia (Chaco) con policías de Santa Fe y no hubo ningún inconveniente, mucho menos de parte de autoridades políticas. Es la primera vez que pasa algo así”. Si bien no existe una imputación concreta contra Colombi, el magistrado pidió a la Fiscalía Federal que investigue si las acciones del Gobernador en la localidad correntina de Goya, el 21 de diciembre pasado, constituyeron algún delito de acción pública. Ese día, un grupo de efectivos de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de Santa Fe realizó siete allanamientos en Goya, por orden del juez santafesino Alurralde. Uno de ellos fue en el domicilio de Javier Oscar “Cabeza” López, sindicado como un importante proveedor de drogas en esa localidad y en el norte de Santa Fe. El gobernador Colombi se presentó en el lugar y ordenó demorar al jefe del procedimiento, el comisario José Moyano, titular de la Brigada Antinarcóticos de la Policía santafesina. Al mismo tiempo, unos 60 policías correntinos habían rodeado esas viviendas pero no se les permitió la entrada. Colombi había argumentado que los efectivos de Santa Fe privaron de la libertad a un grupo de jóvenes de la capital correntina, quienes habían sido trasladados a Goya -desde la costanera de Corrientes- para oficiar como testigos de los allanamientos, lo que constituye una carga pública indeclinable. “Todos los medios
y los padres nos iban a achacar la responsabilidad por falta de seguridad”. Con esta frase el mandatario provincial había direccionado el escándalo con la Policía de Santa Fe. Cuando Colombi realizó esas declaraciones a la prensa había afirmado que todavía estaba aguardando las aclaraciones y justificaciones correspondientes de parte de la Justicia Federal y del gobierno santafesino. “Desaparecieron dieciséis personas. ¿A quién van a responsabilizar si les pasaba algo? A nosotros, el Gobierno y la Policía de Corrientes”, dijo en esa oportunidad el Gobernador durante un acto oficial llevado a cabo pocos días después del polémico procedimiento policial. Por su parte, el secretario de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, había dicho: “Toda la situación es un gran absurdo que no está claro. Ningún juez provincial es competente para actuar sobre la orden de un juez federal”, que era el motivo por el cual Moyano y la Policía de Santa Fe estaban en Goya. A ello el funcionario santafesino, en declaraciones al diario Uno agregó: “No entendemos la actitud de Colombi, que nos deja perplejos ¿Por qué trasladar desde Corrientes a los testigos de un operativo que se haría en otra ciudad? Porque no se puede escoger en Goya a dos vecinos para que señalen a traficantes de Goya y que luego sigan viviendo allí. Como no se puede hacer algo así en un barrio de Santa Fe o Rosario. Eso tuvo una finalidad de resguardo”.